Continúa la criminalización y la represión a las familias campesinas organizadas en la provincia de Santiago del Estero. 
El pasado viernes 2 de febrero, un operativo policial de más de 30 efectivos ordenado por el juez de 5° Nominación Juan Jorge, irrumpió en la comunidad campesina de Laguna Baya, Departamento J.F. Ibarra, allanando todas las casas sin tener orden para ello, para efectuar la detención de 8 compañeros y compañeras campesinos de esta comunidad organizada en el MOCASE-VC. Se les acusaba falsamente de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra el Ing. Oscar Eduardo Albarracín. Los hechos a los que hace referencia la denuncia se produjeron cuando los miembros de la comunidad impidieron el paso de dicho Ingeniero y un equipo de siembra de soja transgénica que pretendía ingresar al campo comunitario que las 13 familias campesinas de Laguna Baya vienen defendiendo de los intentos de usurpación por parte del terrateniente Diego Putignano, quien en todo este tiempo no ha dudado en usar la fuerza de grupos paramilitares para amedrentar a las familias que luchan por su derecho a la tierra que han habitado por más de 80 años.
No hace falta decir que los pobladores en ningún caso amenazaron y mucho menos privaron de la libertad al ingeniero, quien ni siquiera se bajó de la camioneta en la que andaba. Simplemente no se le dejó ingresar a la propiedad comunitaria que la comunidad defiende con sus derechos y evitó que sus tierras fueran envenenadas con la soja transgénica.
El conflicto se remonta más de 10 años atrás, cuando el Sr. Putignano hizo firmar bajo engaño a 5 pobladores, los ancianos de las familias, un presunto documento en el cual éstos reconocían a éste como dueño y recibían 200 hectáreas en comodato hasta que fallecieran los firmantes. El comodato carece de legal validez por estar firmado bajo engaño y sin la presencia de un notario. A partir del conocimiento de los pobladores de sus derechos de posesión, las familias se organizaron y empezaron la lucha por defender sus tierras, que ya habían sido devastadas por las topadoras. Este año pasado, el terrateniente Putignano contrató un grupo de paramilitares quienes cortaron el camino vecinal y dispararon a todas las personas que circulaban por el mismo. Los paramilitares están encabezados por Ricardo Herrera, quien además está a cargo de otros grupos similares en otras comunidades cercanas. Cantidad de denuncias fueron presentadas ante la policía sin ningún tipo de respuesta, como era de esperar en esta “nueva” provincia de Zamora donde el poder económico, político y judicial siguen avasallando los derechos campesinos como en los tiempos más oscuros de Juárez.
Así, la comunidad decidió ejercer su legítimo derecho de autodefensa y expulsó de manera pacífica a los paramilitares el 11 de noviembre de 2006, instalando 2 carpas negras de resistencia custodiadas por las familias organizadas.
El 28 de diciembre fueron detenidos 6 compañeros acusados de daños a la propiedad privada en perjuicio del Sr. Putignano por el mismo juez Jorge; aún teniendo aprobada la eximición de prisión hacía 6 días, fueron trasladados a Santiago y puestos en libertad el mismo día. Aprovechando que la carpa quedó desprotegida, ingreso de nuevo un grupo de 12 paramilitares al campo, quienes hasta el día de hoy siguen disparando al aire para amedrentar a los pobladores y protegiendo las máquinas fumigadoras del Sr. Putigniano.
En este marco, el día jueves 1 de febrero, el Ing. Oscar Eduardo Albarracín contratado por el Sr. Putignano, pretende ingresar a las tierras de la comunidad para sembrar la maldita soja transgénica. Los pobladores, una vez más, defienden su derecho a la tierra y a la vida evitando el ingreso al campo del equipo sembrador. El Ingeniero presentó una denuncia por amenazas y privación ilegitima de la libertad y, al contrario de lo que pasó con la más de 30 denuncias que presentaron los campesinos, al día siguiente ya se había ordenado la detención de 7 de los pobladores, algunos de los cuales ni tan solo se encontraban en el lugar de los presuntos hechos.
La policía detuvo Alejandro Rubén Guzmán, Mario Fernández, María Rosa Bazán y a Adolfo Mena, de 72 años de edad, a quien no pudieron llevar a la celda porque debieron ingresarlo directamente al hospital. Liberándose el mismo día a Bazan y Mena, a día de hoy continúan detenidos 2 compañeros en la alcaidía de Santiago capital y 4 están prófugos.
Estos hechos son una nueva muestra de la situación que atraviesan las miles de familias campesinas indígenas que luchan por la defensa de sus territorios y el derecho a producir alimentos sanos. A lo largo y ancho de toda la provincia y el país, se siguen multiplicando los casos de desalojos y desmontes irracionales y tan solo nos queda la resistencia activa en nuestros territorios, impidiendo el acceso de topadoras y paramilitares con nuestros derechos y nuestra organización, nuestras dos armas de defensa de la vida campesina.
Exigimos la libertad inmediata de los dos compañeros, la retirada de cargos contra los otros 6 y exigimos el procesamiento de Diego Putignano, el terrateniente, de Ricardo Herrera, cabecilla de los paramilitares y de todos sus cómplices en este nuevo abuso contra las comunidades campesinas indígenas.
Exigimos el final de la criminalización de la lucha campesina por la tierra, el agua y la justicia y el reconocimiento a nuestros derechos como comunidades campesinas indígenas sobre nuestros territorios, en los que hemos vivido desde siempre, y nuestro derecho a una producción sana y sustentable para alimentar al pueblo.
POR TIERRA, AGUA, TRABAJO Y JUSTICIA PARA TODOS LOS PUEBLOS. ¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO
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MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA
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